Carlos Ghosn, ex CEO de Nissan durante dos décadas y quien fungió como el salvador antes de que la marca se fuera a la bancarrota, fue arrestado en Japón en noviembre de 2018. Las acusaciones apuntaban hacia prácticas desleales, dentro de lo que destaca abuso de confianza y desvío de recursos para beneficio personal.
A principio de 2020, Ghosn tomó un jet privado para huir como prófugo hacia Líbano, a pesar de contar con arresto domiciliario. ¿El motivo? Cuenta con la nacionalidad y Líbano no cuenta con políticas de extradición con Japón.
Pero parece que la película de terror en la que vive Ghosn no tendrá un final feliz muy pronto, pues Nissan presentó recientemente una demanda civil en su contra con la que buscará resarcir los daños que causó durante el tiempo que encabezó a la firma nipona.
Nissan presentó el caso ante el Tribunal de Distrito de Yokohama para recuperar algunos de los daños monetarios sufridos, dijo, "como resultado de años de mala conducta y actividad fraudulenta" por Ghosn.
El reclamo se calculó agregando los costos de lo que Nissan llamó las "prácticas corruptas" de Ghosn, como el alquiler de propiedades en el extranjero, el uso de jets corporativos y los pagos a la hermana de Ghosn, así como los costos de la investigación interna de las presuntas irregularidades, exigiendo un total de 10 mil millones de yenes, correspondientes a 91 millones de dólares.
Lamentablemente, debido a este circo mediático, la reputación de Nissan se ha visto empañada y sus ventas han caído. Además, actualmente enfrenta un juicio en Japón en relación al escándalo de Ghosn.